Extorsión aumenta 44% en BCS pese a gasto de 6.6 mdp en geolocalización
El gobierno de Baja California Sur gastó más de 6.6 millones de pesos en licencias de actualización para rastreo y geolocalización de mil objetivos celulares, monto 50% superior al de la administración anterior, pese a que la extorsión aumentó 44.4% en la entidad.
El pasado 14 de octubre de 2026, la Dirección de Adquisiciones emitió el fallo de la licitación para renovar y actualizar licencias del software de geolocalización, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP). La capacidad del sistema disminuyó de cinco mil a mil objetivos celulares respecto a la administración de Carlos Mendoza Davis.
Un representante del Consejo Ciudadano por la Seguridad Pública y Justicia Penal cuestionó la falta de transparencia sobre quiénes son investigados con estos sistemas. «Es un factor determinante para los sudcalifornianos saber a quiénes se investigan, qué alcance tiene y si realmente se utiliza para investigar posibles crímenes, y no se esté haciendo un uso político para obtener información de adversarios o periodistas incómodos», señaló.
La Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó gastos anteriores de 4.4 millones de pesos en 2018-2019, 1.7 millones en 2020-2022 y 951,200 pesos en 2023. La institución se declaró imposibilitada de revelar el marco jurídico que sustenta el uso de estas herramientas de vigilancia, pese al incremento sostenido de delitos como extorsión, fraude y amenazas en la entidad.
El gobierno de Víctor Manuel Castro Cosío justifica la adquisición de estas licencias millonarias como estrategia para combatir el aumento de delitos relacionados con extorsión, aunque los datos oficiales muestran que el problema continúa agravándose.
